Con fuertes repercusiones a nivel político y social, el gobierno francés decidió repatriar a más de 700 gitanos provenientes de Bulgaria y Rumania. (Fotografía: EFE)

Luego del comunicado emitido por el gobierno de Nicolás Sarkozy donde informa el plan de repatriación de más de 700 gitanos, alegando la crisis económica que vive la región, el jueves pasado más de 100 rumanos fueron embarcados en vuelos con destino a Bucarest, Rumania. Según el gobierno francés, estos inmigrantes se trasladaron bajo su consentimiento. Aunque los ciudadanos franceses y organismos como la ONU y el Vaticano no están de acuerdo y tildan a este accionar de xenófobo y discriminatorio.

El gobierno francés les entrega a los gitanos el pasaje, 300 euros por adulto, 100 euros por niño y son escoltados por la policía hasta que arriben al avión que los llevará a su país de origen.

Más de 500 mil personas de origen gitano viven en Francia. En base a un discurso que vincula inmigración e inseguridad, el actual gobierno impulsa un plan de expulsión de estos grupos minoritarios, luego de los disturbios ocurridos en los suburbios franceses, donde murieron gitanos en manos de la policía. Sin embargo, son estos grupos los que afirman estar inseguros y ser discriminados y amedrentados permanentemente por la policía. Luego de las polémicas declaraciones de Sarkozy, donde aseguró que en el término de tres meses serían desmantelados la mayoría de los campamentos donde viven los gitanos, 51 de estos asentamientos ya han sido desalojados.

Si bien la Unión Europea dio el visto bueno a las deportaciones, asegura vigilarlas de cerca para asegurar que se cumpla con la legislación comunitaria. Un portavoz de la Comunidad Europea, Matthew Newman, declaró a la agencia periodística Reuters que “Si un estado deporta a alguien, debemos asegurar que sea proporcional. Debe ser sobre la base del caso a caso, y no de toda una población”. Además, agregó que Francia no puede impedir el regreso de estos ciudadanos expulsados, aunque si el ciudadano no tiene como demostrar que tiene los recursos suficientes para vivir, el gobierno puede aplicar la medida de deportación.

Sin embargo, son muchas las críticas que el gobierno de Nicolás Sarkozy cosechó con esta decisión. Tanto la oposición como las asociaciones rumanas y gitanas aseguran que el problema de la violencia se da en un marco de profunda desigualdad y pobreza, por lo que el gobierno debería atender estas necesidades con políticas públicas y no con expulsiones masivas que alimentan aún más la violencia.

En Rumania, las autoridades gubernamentales se expresaron en contra de la medida. El presidente rumano, Traian Basescu, dijo: “lo que está ocurriendo en Francia prueba la necesidad de un programa europeo de integración”. Además, el Ministro de Relaciones Exteriores rumano, Teodor Baconschi agregó “Expreso mi preocupación por los riesgos de derrape populista y de reacciones xenófobas en un contexto de crisis económica”.

Luego del comunicado del gobierno francés donde describe a los campamentos gitanos como “fuentes de tráfico ilegal, de niveles de vida terribles, de explotación infantil para pedir limosna, de prostitución y delincuencia” y la posterior puesta en acción del plan de repatriación, la oposición tildó al gobierno de llevar adelante un “racismo de estado” y temen por los posibles brotes violentos que pueda acompañar la medida.

Respecto de los efectos futuros de esta política de inmigración que lleva adelante Sarkozy para con los gitanos, sólo algo es seguro y es que, además de no atacar las causas de base de la inseguridad, no parece ser muy exitosa a la hora de desincentivar la inmigración ilegal. Los gitanos aseguran ante la prensa que, aún en la desigualdad y en la pobreza en las que están sumidos en Francia, están mejor que en sus países de origen.